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El Paro Nacional continúa este martes en más de 14 departamentos de Colombia y se agudiza en Florencia, en el departamento de Caquetá (suroeste), donde fue declarado el toque de queda.

Tras 16 días de intensas protestas y pese a la firma de acuerdos parciales en Tunja con productores agrícolas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño (centro), la movilización agraria y popular sigue firme y más de 65 organizaciones se preparan para otro gran cacerolazo este miércoles y varias marchas programadas para la semana entrante.

Las vías han sido desbloqueadas de manera intermitente en algunos departamentos pero en Caquetá, Cauca, Huila, Putumayo y Valle del Cauca la situación es compleja y los enfrentamientos no han cedido, según reportes de medios de difusión locales.

El pasado sábado, el presidente Juan Manuel Santos anunció que había llegado a un acuerdo con los trabajadores de la minería, por lo que se logró levantar el paro en el sur de Bolívar y Antioquia; sin embargo, miles de obreros de este sector continúan en las carreteras del departamento del Cesar.

Entre tanto, el gremio de los camioneros, que pide rebajar el precio de la gasolina, también se mantiene en resistencia. La víspera, sus voceros se reunieron con la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, quien pedirá una audiencia con el jefe de Estado para analizar la propuesta de los transportistas, de acuerdo a la prensa local.

Los representantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos reiteraron en rueda de prensa que se encuentran a la espera de una gran mesa de concertación con el Gobierno, en la que se busquen soluciones para el campo colombiano, la salud, la educación, la minería, entre otros temas.

Al referirse a los diálogos que sesionan en la capital de Boyacá, sostuvieron que Santos "está negociando solo con una parte de quienes se encuentran en paro".

Durante la jornada de este lunes, el Ejecutivo sorprendió con la renuncia protocolar de los 16 ministrosdel gabinete presidencial, los altos consejeros y secretarios que pusieron sus cargos a disposición de Santos para que pueda hacer los cambios que considere convenientes.

Según el diario El Tiempo, la decisión "busca enviar un mensaje ante la opinión pública de que todo el Gobierno pone la cara frente a la dura crisis que se desató en las últimas semanas".

Las manifestaciones han dejado 303 heridos, 11 de ellos con armas de fuego, 247 detenciones arbitrarias y nueve fallecidos, de acuerdo a cifras divulgadas por la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo.

El reclamo colectivo de obreros, campesinos, estudiantes, médicos, mineros, maestros y demás trabajadores agrarios es de carácter indefinido y busca rechazar las políticas antiobreras y antipopulares que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan recursos naturales a las transnacionales.

Además, los pequeños agricultores buscan garantías para el acceso a la propiedad de la tierra, la constitución de zonas de reserva campesinas, una política favorable a los mineros artesanales y mejoras en las zonas rurales, especialmente en cuanto a salud y acceso al agua potable.